El goteo de irregularidades en distintas Administraciones Públicas
y la acumulación de graves escándalos de corrupción dañan la credibilidad de las
instituciones y de la política, atentan contra el patrimonio público, socavan
las bases mismasdel sistema democrático, provocan la desafección ciudadana y dan
pábulo a la afirmación injusta de que “todos son iguales”, abonando el terreno
al populismo.
Cabe afirmar, ante todo, que la mayoría de los políticos españoles
son honrados. Los 8.115 Ayuntamientos están formados por más de 65.000
concejales electos, de los que el 80% no recibe ingresos. Pero en la última década,
los casos de corrupción se han multiplicado en todo el país, especialmente en
el litoral mediterráneo y otras zonas que han experimentado un desarrollo urbanístico
exorbitado. Los corruptos y los corruptores, dirigentes de empresas en algunos
casos o intermediarios avispados, dañan la política. Y también dañan a la economía,
incrementando los precios de las obras, productos y servicios; alimentando el
déficit público y la inflación; falseando la competencia y desincentivando
al contribuyente honrado que constata el uso indebido de sus impuestos.
Cuando incurren en el delito de corrupción, los cargos electos o
con responsabilidades en las Administraciones Públicas desprecian los principios
democráticos de honradez, transparencia, rendición de cuentas y vocación pública
que legitiman
la delegación de soberanía que el pueblo les confiere.
La corrupción en España ha sido y es inseparable de los desvaríos
de un modelo productivo, económico y financiero que ha alimentado la
especulación y las prácticas delictivas, especialmente en materia urbanística y en el sector de
la construcción, con un crecimiento explosivo del parque residencial, que desde 2001
ha crecido más de un 20%, en un proceso de urbanización sin
precedentes en los últimos quince años y sin parangón en Europa. El fraude fiscal
generalizado y la persistencia de la economía sumergida es igualmente un terreno
abonado para la corrupción. A todo ello se añade la insuficiente regulación y
supervisión de los mercados financieros, unido a una pérdida de valores éticos y
morales en una cultura que ha entronizado el dinero como valor absoluto. No hay
corrupto sin corruptor y nadie cobra si alguien no paga. Por ello hay que ser
tan duro con el corruptor como con el corrupto.
La corrupción también ha sido facilitada por una legislación débil
e insuficiente, la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público; por la utilización
clientelar de las instituciones, la externalización abusiva de actividades desempeñadas por
funcionarios y empleados públicos, la insuficiente coordinación entre los órganos
administrativos, la debilidad de los controles políticos, la escasez de medios de la
Fiscalía Anticorrupción y del Tribunal de Cuentas, la lentitud de la Justicia y la falta
de transparencia y control de los procedimientos de recalificación urbanística y de
contratación pública.
Por otra parte, el déficit de financiación municipal ha llevado a
una dependencia excesiva de los ingresos derivados del urbanismo, impulsando la
burbuja inmobiliaria y sembrando un terreno propicio a la corrupción. El incumplimiento
por los
sucesivos gobiernos del compromiso de reforma del sistema de
financiación local ha llevado a numerosos Ayuntamientos a una situación económica y
financiera insostenible. La cesta de ingresos de las administraciones está
muy desequilibrada
en beneficio del Estado, que absorbe un 50% y las Comunidades
Autónomas, un 37%, mientras los municipios tan sólo reciben el 13%. La falta de transparencia y los obstáculos que frenan la participación
ciudadana, el menosprecio de los valores éticos y solidarios, contribuyen
también a la aceptación de este fenómeno delictivo y a propiciar una cultura colectiva
basada en el individualismo y el egoísmo, en detrimento de los intereses
generales.
La corrupción en España ha sido también alimentada por las
carencias una Ley Electoral injusta y por una Ley de Financiación de Partidos
meramente instrumental y opaca, destinadas ambas a favorecer el bipartidismo e
incrementar el gasto de las campañas electorales.
El llamado “Pacto
contra el Transfuguismo” suscrito entre
las fuerzas políticas ha demostrado su escasa utilidad desde su celebración en 1998, debido
a la utilización cínica de varias varas de medir según los infractores sean de un
partido adverso o del propio.
Los miembros del Gobierno, los altos cargos y los representantes
del pueblo en las instituciones parlamentarias y en los Ayuntamientos deben dar
ejemplo, entregar sus declaraciones de la renta, de actividades y de bienes patrimoniales
e intereses, respetando el régimen de incompatibilidades que garantice su plena dedicación
o que no se produzca un choque de intereses con otras actividades ajenas a su
cometido público. Para mejorar el nivel de transparencia y colaboración de los
Gobiernos Locales en la formación y rendición de sus Cuentas Generales al Tribunal de
Cuentas, habría que generalizar la implantación telemática de la Plataforma de
rendición de cuentas y simplificar el procedimiento establecido para los 6.800
Ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes, o bien proporcionarles los medios
materiales y personales necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones legales.
Por todo ello y ante la inminencia de las Elecciones Municipales y
Autonómicas
del próximo 22 de mayo, LOS
CANDIDATOS Y CANDIDATAS
1. Exigir
al Gobierno la regulación por ley de la cuantía de los salarios de los cargos públicos locales. Plantearemos que los mismos se fijen con
criterios de transparencia y austeridad y que se hagan públicos de una manera eficaz y
accesible.
2. Proponer
la creación de la declaración explícita de conflicto de intereses en cada modificación urbanística y proceso de contratación de obras o
servicios públicos, de todo aquél que participe en el mismo, sean alcaldes,
concejales,
o funcionarios. Se realizaría siguiendo el modelo de declaración
de conflicto de intereses que se aplica a la investigación científica.
3. Impulsar
acuerdo de prohibición para percibir obsequios o invitaciones personales a los cargos públicos o funcionarios municipales. Se creará un
Registro Público de Obsequios e Invitaciones Institucionales.
4. Establecer
un sistema de dedicación absoluta y de incompatibilidades de todos los altos cargos de Gobiernos Municipales, así como de los
miembros de las Comisiones Provinciales y Autonómicas de Urbanismo y
Responsables
de contratación de Obras y Servicios en relación con
responsabilidades o actividades empresariales o profesionales vinculadas al sector de
los servicios, la construcción y el urbanismo.
5. Crear
el Estatuto del Representante Local, en el que se regulen sus derechos y deberes. En particular, se garantizará que los concejales que se
encuentren en la oposición puedan ejercer sus funciones de fiscalización y control
de los contratos
y adjudicaciones municipales formando parte de los órganos de
contratación y facilitándoles toda la documentación e información administrativa.
6. Regular
el Registro de Intereses de los responsables públicos a través de una Oficina que será la encargada de la vigilancia y supervisión del
estricto cumplimiento de la legislación vigente en materia de incompatibilidades y conflictos de intereses, así como de la custodia de los Registros
de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales. Se propondrá la obligación
de hacer público el contenido de esta Declaración a través de los
medios municipales existentes (páginas web, información municipal…
7. Denunciar
ante la Fiscalía y colaborar con la Justicia aportando cualquier dato de corrupción que conozcan en el ejercicio de sus
responsabilidades como cargos públicos.
8. Asumir
las responsabilidades políticas a que hubiere lugar en casos de corrupción, con dimisión cautelar de los cargos públicos y cargos
de libre designación en caso de imputación y procesamiento por delitos de
corrupción política o urbanística,
9. Impulsar
mecanismos de publicidad, control y participación democrática para garantizar la transparencia y la ética en las instituciones,
poniendo en marcha mecanismos estables de participación que permitan la
intervención y el conocimiento de los ciudadanos y ciudadanas en las decisiones
que se adopten en materia urbanística y de contratación. Se harán
públicos los procesos de contratación a través de los mecanismos:
publicaciones, páginas Web… En esta misma línea solo se delegarán competencias de Pleno
en las Juntas de gobierno con carácter excepcional, para garantizar la
participación de la oposición en la toma de decisiones y la participación de los
ciudadanos.
10. No conformar gobiernos locales con desertores de otras fuerzas políticas
ni apoyar la formación de grupos nuevos en los que participen cargos
declarados tránsfugas.
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